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Revista Natura@economía
conservación tanto en la regulación de can-
tidad y calidad de agua como en biodiver-
sidad, estarían produciendo adicionalidad.
La construcción de institucionalidad para el
desempeño de los acuerdos de conserva-
ción es fundamental, puesto que se requiere
negociar, administrar, monitorear, evaluar e
innovar los acuerdos o contratos a través
de decisiones políticas y del establecimiento
de instrumentos jurídico-políticos favorables.
Sin embargo, se requiere trabajar amplia-
mente en este tema dada la vulnerabilidad
institucional a la que están expuestas gran
parte de las instituciones de los Países Andi-
nos por la resistencia al cambio y a la inver-
sión estratégica en manejo de cuencas para
protección de agua.
Oportunamente, De Souza et al., (2007) abre
la puerta para la innovación institucional,
quien emplea como fuente losóca, teórica
y práctica, la necesidad de “cambiar las per-
sonas para cambiar las cosas y no cambiar
las cosas para cambiar las personas” desta-
cando la necesidad de construir instituciones
con capacidad de manejar un conjunto de
reglas, roles y arreglos institucionales que
inuencien prácticas y comportamientos arti-
culados en un discurso hegemónico para
alcanzar legitimidad e innovación. Resalta
que el 75% de todas las iniciativas de cambio
institucional fracasan en cualquier región del
mundo; el 85% de los fracasos ocurre en
el momento de la implementación, el 90%
de las iniciativas formulan nada más que un
nuevo documento y no un nuevo compor-
tamiento institucional, en virtud de que el
95% de las iniciativas “cambian las cosas”
para cambiar las personas, sin “cambiar las
personas que cambian las cosas”; mientras
que el 98% de los pocos casos de cambio
institucional exitosos siguen la estrategia
de “cambiar las personas” que cambian las
cosas.
En este tipo de acuerdos, se espera que los
usuarios contribuyan o paguen para la pro-
tección de ecosistemas y para ello es nece-
sario conocer su disposición a pagar (DAP).
Desde el concepto de la economía signica
que toda persona en el momento de comprar
bienes está dispuesta a pagar, a intercambiar
bienes por dinero (Pearce y Turner, 1995).
La aproximación de la voluntad y disposición
a pagar es un indicador de sostenibilidad
nanciera, puesto que muestra una opción
potencial de generación de recursos nan-
cieros para las acciones de conservación y
su permanencia en el tiempo. Alpizar (2006)
destaca los siguientes mecanismos como
fuentes de nanciamiento: Impuestos, tasas
retributivas, subsidios estatales, donaciones
y subvenciones internacionales, pago de
derechos, pagos voluntarios, mecanismos
voluntarios de acreditación internacional,
pagos en especie. En Brasil, en el Estado
de Paraná, en 1991, se creó el impuesto
ecológico del 5% del impuesto la circulación
de mercancías y servicios (ICMS); en Costa
Rica se asigna el 3,5% como impuesto jo
al consumo de combustibles; en México,
Conafor asigna un presupuesto anual para
los esquemas de PSA; la empresa de agua
potable y alcantarillado de Quito asigna el 1%
de sus ingresos al Fondo de Agua para Quito
(FONAG) para ser invertidos en un deico-
miso (González et al., 2004 ).
En el caso de acuerdos voluntarios para pro-
tección de cuencas, varias experiencias en
ejecución en los Países Andinos demuestran
voluntad y disposición a contribuir/pagar, no
tanto por el benecio inmediato que espera-
rían recibir en el momento de iniciar el pago/
contribución, sino como inversión estraté-
gica para asegurar la protección de ecosis-
temas que con los años signique mantener y
mejorar la oferta de regulación de agua. Cada
programa intenta asegurar fuentes estables