Fallas de mercado en el análisis de la percepción y la lógica de los
Comunes
Market failures in the analysis of the perception and the logic of Commons
DOI: http://dx.doi.org/10.21704/ne.v3i1.1525
* Autor de correspondencia: Sanchez, J. Email: [email protected]
© Facultad de Economía y Planicación, Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima, Perú.
Forma de citar el artículo: Sanchez, J. 2018. Fallas de Mercado en el análisis de la percepción y la lógica de los
Comunes. Natura@economía 3(1):14-28(2018).
José Miguel Sánchez U.
1
*
1
Universidad de Los Andes (ULA), Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES), Venezuela.
Email: [email protected]
Recepción: 07/01/2018; Aceptación: 15/05/2018
Resumen
A partir del planteamiento de Garrett Hardin denominado la “Tragedia de los Comunes” se
han generalizado y obviado las condiciones y supuestos gracias a los cuales los recursos de
libre acceso tienden a degradarse como consecuencia de su lógica o dilema. En este trabajo
se busca reinterpretar buena parte de las causas que, según la literatura hardiniana y post-
hardiniana, lleva a los recursos naturales a su degradación. Para ello se hace uso del concepto
de falla de mercado. Se puede asegurar que la teoría económica provee las herramientas
de análisis necesarias para evitar diagnósticos equivocados y, en consecuencia, políticas
inadecuadas para el manejo de dichos recursos.
Palabras clave: Falla de mercado; recursos comunes; recursos de libre acceso; recursos
naturales; Tragedia de los Comunes.
Abstract
From the Garrett Hardin’s approach called the “Tragedy of the Commons” are widespread and
ignored the conditions and assumptions by which open access resources tend to degrade as a result
of its logic or dilemma. This paper seeks to reinterpret much of the causes which lead to natural
resources degradation, according to Hardinian and post-Hardinian literature. For this we use
the concept of market failure. We can ensure that economic theory provides the analytical tools
needed to avoid misdiagnosis and therefore inadequate policies for managing these resources.
Keywords: Market failure; common resources; open access resources; natural resources;
Tragedy of the Commons.
Natura@economía
ISSN 2226-9479 (Versión electrónica)
Website: http://revistas.lamolina.edu.pe/index.php/neu
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1. Introducción
Para Martínez y Roca (2000) los recursos
naturales se clasican según sus regímenes
de propiedad como: recursos de acceso
abierto, propiedad comunitaria o comunal,
propiedad privada y propiedad pública. Sin
embargo, Bryan Burke publicó en el año 2001
un artículo titulado: “Hardin revisitado: una
mirada crítica a la percepción y la lógica
de los comunes” en el que se dene a los
recursos comunes como aquellos a partir de
los cuales los individuos acumulan benecios
directamente mientras distribuyen los costos
colectivamente. Para el autor, existen varias
categorías de recursos comunes: recursos
de libre acceso, de propiedad común, de
propiedad estatal y los llamados recursos de
uso común. El término “recursos comunes”
se reere a todos esos regímenes y preere
esa denición, ya que proporciona un
punto de referencia habitual. Lo anterior
se debe a que todos tienen una estructura
objetiva básica de benecios individuales
y costos colectivos que puede llevar a lo
que Hardin (1968) denominó “Tragedia de
los Comunes”. El planteamiento de Hardin
sugiere que la situación de los recursos de
libre acceso, que erróneamente denominó
de propiedad común, usualmente conduce
a su ruina porque los individuos acumulan
los benecios mientras los costos son
distribuidos colectivamente. Por su parte,
la perspectiva de los post-hardinianos,
reconoce el potencial de la “Tragedia de los
Comunes” pero enfatiza muchos factores
socioculturales y ecológicos que Hardin
ignoró.
Burke (2001) se centra en el hecho de
que el dilema de los comunes no se puede
generalizar como la causa potencial de la
degradación en todas las situaciones de
esos recursos. Mientras que la literatura ha
establecido correctamente que los recursos
comunes no necesariamente resultan en
una “tragedia”, para la mayoría, continúa
implícita e incorrectamente el dilema (o la
lógica de los comunes) presente en todas las
situaciones de esos recursos. Ello implica
la posibilidad de que los investigadores
diagnostiquen erróneamente las condiciones
de la degradación de un determinado recurso
común y, en consecuencia, se propongan
mecanismos desacertados para corregir el
problema.
La economía ambiental tiende a
justicar la degradación de los recursos
naturales como consecuencia de una mala
o ineciente asignación de los mismos.
Por tanto, los anteriores planteamientos
nos llevan a considerar el concepto de falla
de mercado. Una falla de mercado ocurre
cuando los sistemas de precios vigentes o
la carencia de estos hacen que los recursos
se asignen a usos inecientes. Cuando
hablamos de ineciencia nos referimos
a la violación del principio de óptimo de
Pareto. Esto es frecuente cuando se trata
de bienes públicos. En esos casos sería
necesaria una reasignación del recurso hasta
un nivel en donde por lo menos una persona
en la sociedad mejore y ninguna empeore.
Ejemplos de ello pueden ser el caso de la
destrucción del hábitat o ecosistemas únicos
o la afectación de zonas o regiones con un
alto grado de biodiversidad (Mendieta,
2001).
En contraste con lo anterior, si los precios
son conocidos, los individuos asignan un
valor a los recursos según su grado de
escasez. Esto es más fácil de ver en el caso de
bienes de mercado porque se cuenta con un
precio que puede internalizar los benecios
derivados del consumo del bien y los costos
originados de ofrecerlo en el mercado.
Sin embargo, para el caso de los recursos
naturales y los servicios ambientales ello no
es tan fácil de lograr debido a la ausencia
de precios. Esto hace que la información
proveniente de consumidores y productores
se encuentre muy limitada, dicultando,
de esta manera, la estimación del valor
económico y de los costos económicos del
recurso.
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En el desarrollo del presente trabajo
se efectúa una reconsideración de las
principales ideas y planteamientos de la
literatura hardiniana y post-hardiniana que
forman parte del artículo de Burke (2001).
Lo anterior bajo la premisa de que pueden
ser enfocados bajo el concepto de falla de
mercado. El documento naliza con las
conclusiones correspondientes.
Buena parte del razonamiento de
Burke (2001) se basa en la idea de que los
usuarios de los recursos comunes pudieran
desconocer los costos ambientales asociados
a su explotación. Como consecuencia
de ello, las decisiones que se toman con
relación a su uso pudieran derivar en
degradación. Por ejemplo, como lo indican
Siedentop y Fina (2010), citado por
Science for Environment Policy (2016), en
Alemania los investigadores han llegado
a la conclusión de que la ausencia de una
medición adecuada de la expansión urbana
ha contribuido no intencionalmente a
subvalorar sus costos y consecuencias no
monetarias. Al mismo tiempo, ha restringido
la habilidad de los hacedores de política
de formar estrategias de planeación que
apoyen económica, ecológica y socialmente
usos aceptables del territorio. Es decir,
el desconocimiento de las implicaciones
del uso del recurso, en términos de costos
ambientales, puede llevar a los usuarios a
tomar la decisión de explotar el mismo a una
tasa mayor a su tasa de regeneración natural.
Como resultado ocurrirá la degradación del
recurso sin que se tome en cuenta el grado
de escasez del mismo. Se puede armar
que existe una falla de mercado y, por
tanto, no hay eciencia en la asignación
del recurso. Evidentemente, la extinción
de un recurso natural no ocurre como
consecuencia exclusiva de que sea explotado
sin considerar su tasa de crecimiento. Sin
embargo, al analizar el planteamiento del
autor podemos entender que se enfoca en el
hecho de que la degradación del recurso, en
esas circunstancias, no sería consecuencia
del llamado dilema o lógica de los comunes
sino, especícamente, de una falla de
mercado.
Con base en lo anterior, se formula la
siguiente pregunta de investigación: ¿es
posible reinterpretar los planteamientos de
la literatura hardiniana y post-hardiniana
haciendo uso de la teoría económica?
Para ello, establecemos como objetivo de
este trabajo revisar y discutir las causas
que llevan a los recursos naturales a su
degradación empleando conceptos de la
economía ambiental. De manera especíca
se busca analizar el trabajo de Burke (2001)
a partir de su relación con conceptos tales
como falla de mercado.
3. Resultados y discusión
La “Tragedia de los Comunes”
Dos características importantes de los
bienes de mercado son la exclusividad
y la rivalidad. La primera característica
signica que un individuo puede hacer uso
del bien y crear los medios para que otras
personas no puedan hacerlo. Es decir,
como lo indican Daly y Farley (2004), la
exclusividad es virtualmente sinónimo
de derecho de propiedad. Por tanto, si un
bien no es propiedad exclusiva de alguien
podrá ser utilizado por terceros quienes
buscarán satisfacer sus propias necesidades.
El resultado obvio es que será asignado de
manera ineciente o no será producido por
las fuerzas del mercado. Por supuesto, no
son los humanos sino la naturaleza la que
produce muchos de los bienes que no son
excluyentes, tales como los peces en el
océano. La “inversión”, en ese caso, signica
dejar el pez en el mar para que crezca o
dejar un nivel sucientemente grande de su
población para que se asegure la producción
futura. El “costo” de esa inversión es el costo
de oportunidad. Cuando un pescador regresa
el pez al mar para que crezca, es probable
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que otro pescador lo capture en el futuro. En
esas circunstancias es difícil imaginar que
la gente invierta para que otros obtengan
los ingresos en el futuro. Por su parte la
rivalidad signica que, si un bien o servicio
es usado por un individuo, en consecuencia,
impide o reduce su uso al mismo tiempo
por otras personas. La rivalidad puede ser
cualitativa, cuantitativa o espacial. En ese
sentido, los bienes y servicios no rivales
son aquellos cuyo uso tiene un impacto
insignicante sobre la calidad y cantidad
del bien o servicio disponible para terceras
personas. Los recursos de libre acceso
se caracterizan por ser rivales, pero no
excluyentes siendo ejemplos clásicos la
pesca en alta mar, la tala de bosques no
protegidos, la contaminación del aire y la
capacidad de absorción de desechos cuando
no se regula la contaminación (Daly y
Farley, 2004). El problema planteado por
Hardin (1968) se basó en el caso de los
bienes de pastoreo, alguna vez comunes
en Inglaterra. Según indicó, el uso de esos
recursos estaba bajo el supuesto de que
los individuos son usualmente egoístas y,
por tanto, escogen el comportamiento no
cooperativo en lugar del cooperativo. Lo
anterior implica que las personas buscan
maximizar su propio uso del recurso. De
hecho, según su razonamiento, cuando una
persona añade una vaca adicional al común,
lo cual puede ocurrir si no hay instituciones
que impidan que lo haga, no solo el recurso
debe ser compartido entre más vacas sino
que su rendimiento será menor y cada vaca
será un poco más delgada. El ejemplo de
Hardin (1968) da como resultado que solo
una persona obtendría los benecios de
incrementar el uso del recurso (añadiendo
una vaca adicional) pero distribuirá entre
toda la comunidad los costos de tener un
ganado más delgado.
Cuando un individuo actúa según
su propio interés “racional” lleva a la
degradación de los comunes y todos estarán
en peor situación que al comienzo. El
planteamiento deja de lado las conductas
altruistas en la población. Es decir, se
supone que la función de utilidad de los
individuos no depende de las posibilidades
de consumo del resto de la sociedad. En
ese sentido, conductas cónsonas con la
conservación y la preservación del ambiente
y los recursos naturales no tendrían cabida
pues tampoco tendría sentido garantizar el
acceso a los recursos naturales por parte
de las generaciones futuras. El desarrollo
sostenible tal como está concebido carecería
de una base real y quedaría solo como un
maniesto o listado de voluntades sin la
menor posibilidad de realización.
Por otro lado, Hardin (1968) sugiere que
hay dos soluciones colectivas a la “Tragedia
de los Comunes”. Los recursos pueden ser
privatizados logrando, de esa manera, que
tanto los benecios como los costos de su
utilización se acumulen a los individuos. La
importancia de los derechos de propiedad
en la asignación de recursos naturales y
ambientales radica en el hecho de que, si
estos existen y están bien establecidos,
se obtendría una asignación eciente de
los mismos. Para Hardin (1968), cuando
las características del recurso natural
favorecen la denición de derechos de
propiedad privados, se están creando los
incentivos necesarios para la conservación
del mismo. Es decir, el establecimiento
de derechos privados incentivaría la
explotación de un recurso renovable bajo
un criterio conservacionista en el cual la
tasa de utilización del mismo no exceda su
tasa de crecimiento natural. En el caso de
los recursos no renovables, su explotación
debería garantizar, al mismo tiempo, la
sustitución por recursos renovables.
Para Martínez y Roca (2000) hay una
serie de factores que pueden llevar a la
extinción de un recurso natural renovable
aun cuando exista propiedad privada.
Evidentemente, si se considera un recurso
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renovable como activo nanciero la decisión
“racional” será extraer una unidad adicional
del mismo siempre que sea rentable y se logre
un determinado benecio. En este punto es
importante denir a qué tipo de régimen de
propiedad está sujeto el recurso. Para los
recursos de libre acceso es más probable
la extinción pues los individuos explotarán
el mismo sin considerar el benecio futuro.
La existencia de recursos de libre acceso
es sinónimo de una tasa de descuento que
tiende al innito. En esas circunstancias,
cada quién buscará su propio benecio sin
considerar las condiciones de restauración
natural de las existencias del recurso.
Volviendo al caso de recursos privados, es
probable que el descuento futuro garantice
un uso más sostenible. El propietario del
mismo tratará de maximizar los benecios
de su explotación en el tiempo. En esas
condiciones es probable que se invierta
parte del recurso para que sea extraído en el
futuro y recibir un margen de benecio en
el horizonte temporal. Por tanto, una tasa de
descuento menor llevará a unas existencias
mayores del recurso natural en el tiempo.
No obstante, como lo indican dichos autores,
aún en ese régimen de propiedad puede
que el uso del recurso no sea sostenible e
incluso existir extinción de los recursos. Si
es rentable, el recurso puede ser agotado
para dedicar el dinero a otras actividades.
También es posible que existan restricciones
de liquidez y el propietario del recurso se vea
obligado a optar por tomar en cuenta solo
los benecios actuales de su explotación
para pagar deudas. Otra de las causas de
que la rentabilidad económica conduzca
a la sobreexplotación del propio recurso
es cuando, por ejemplo, no se consideran
las condiciones ecológicas del mismo. De
hecho, el principal motivo de desaparición
de especies vivas es la afectación de sus
hábitats naturales que hacen que las especies
se vean desplazadas y deban competir
por medios de subsistencia cada vez más
escasos. Es decir, las variaciones en el uso
del suelo y la degradación ambiental están
por encima de las condiciones económicas
como la causa principal de la extinción de
esas especies. Como lo indican los autores,
hay que hacer notar que “la mayor parte de
la naturaleza está fuera del mercado, pero
sufre las consecuencias colaterales de la
explotación comercial” (Martínez y Roca,
2000).
Para algunos recursos como el aire y el
agua la primera solución de Hardin (1968)
no es posible. Entonces, para prevenir la
“tragedia”, una segunda opción sería el
manejo del recurso a través de una agencia
reguladora que aplique tasas, impuestos o
penalidades en consideración de la mayoría
de la gente afectada. Es decir, cuando no
es posible la asignación de derechos de
propiedad, para evitar la degradación del
recurso, el mismo Hardin (1968) plantea
la posibilidad de que exista un control por
parte de una agencia externa cuyo propósito
es velar por el uso sostenible del recurso. La
solución implica la intervención del estado
con el propósito de establecer un sistema de
derechos de propiedad para lograr un uso y
manejo eciente del recurso natural. Como
lo señalan Jaeger y Schwick (2014) citado
por Science for Environment Policy (2016),
la expansión urbana es el mejor ejemplo de
la “Tragedia de los Comunes” porque los
benecios del uso del territorio van a un solo
ciudadano o desarrollo comercial mientras
que los detrimentos son compartidos por
toda la sociedad. Alemania, Luxemburgo y
Austria han denido el nivel de ocupación
del territorio que no debe ser excedido.
Francia, por su parte, ha estipulado que la
tasa de ocupación del territorio agrícola debe
reducirse a la mitad para el año 2020.
Para la literatura post-hardiniana los
usuarios de los recursos comunes pueden
manejarlos sin necesidad de privatización
o regulación. Lo anterior implica que el
recurso tenga límites bien denidos y el
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grupo de usuarios sea pequeño para lograr el
uso sostenible. Ostrom (1990) plantea que,
contrario a lo señalado por Hardin (1968),
puede ser racional para los usuarios de los
recursos comunes renunciar a los benecios
individuales y cooperar hacia los objetivos
colectivos. De manera simple, los individuos
cooperan hacia objetivos colectivos cuando
perciben que las ventajas económicas y no
económicas son mayores que los costes. Una
lista no exhaustiva de factores asociados con
el surgimiento de instituciones exitosas para
el manejo de los recursos comunes es la
siguiente: (1) La base de los recursos debe
ser relativamente pequeña, con límites claros
e indicadores conables de la calidad del
recurso. (2) El número de los usuarios debe
ser sucientemente pequeño y concentrado
cerca del recurso. (3) Los usuarios no deben
estar muy divididos. (4) Existencia de
organizaciones e instituciones que pueden
actuar como base para fundar regímenes de
manejo. Y, (5) El gobierno debe otorgar a los
usuarios locales la libertad de organizarse.
Para Mendieta (2001), el éxito de una
estrategia de cooperación coordinada para
el uso de un recurso depende, además, de
una serie de factores como los costos de
información y transacción. Dichos costos
deben ser relativamente bajos para que
la estrategia sea viable. Otro factor es la
existencia de reglas para el monitoreo de
las acciones de los usuarios del recurso, de
igual manera, la posibilidad de sancionar
a los violadores de esas reglas. Además,
la presencia de reglas que impidan el uso
del recurso por parte de la colectividad de
manera apropiada. Se puede deducir que una
falla de mercado no ocurre siempre que haya
derechos de propiedad común, sino que la
mala asignación de un recurso puede ser el
resultado de reglas restrictivas mal diseñadas
o implementadas.
El análisis del planteamiento post-
hardiniano se puede relacionar con el
llamado Teorema de Coase según el cual
existe potencialidad de acuerdos voluntarios
entre los usuarios de un recurso natural y
los posibles afectados de esa utilización.
Un punto importante en el trabajo de Coase
(1960) es que sean claramente identicados
los actores de ese acuerdo, es decir, quienes
representan a los usuarios del recurso y
quienes sufren los costos “externos” de su
reducción y degradación. El planteamiento
es similar al de la literatura post-hardiniana
la cual establece la necesidad de que el
grupo de usuarios sea “pequeño”. La
condición del tamaño del grupo de usuarios
del recurso se traduce como la necesidad de
que sean fácilmente identicadas las partes
involucradas en la negociación y el acuerdo
para su uso sostenible. De no cumplirse con
esa condición, es difícil jar medidas para el
manejo del recurso que puedan tener éxito
en la práctica. Cuando el grupo de usuarios
no es pequeño, la probabilidad de que se
identiquen, por ejemplo, responsabilidades
en cuanto a la degradación del mismo
es menor. En ese sentido, es engorroso
plantear decisiones sobre el uso del recurso
pues se corre el riesgo de que estas no
vayan enfocadas directamente a los actores
sociales que causan ese resultado. También,
según advirtió Baumol (1973), cuando
aumenta el número de personas involucradas
en el conicto, los costos que resultan de la
negociación entre las partes pueden resultar
muy altos. Para el mismo autor, un ejemplo
típico podría ser el caso de una política
de negociación entre todos los fumadores
(generadores de daño) y los no fumadores
(víctimas del daño) de todo el mundo. Los
costos transaccionales relacionados con la
negociación de las compensaciones tenderían
al innito y serían imposibles de asumir. La
respuesta de Coase (1988) al respecto se
resume en el sentido de que no deende el
supuesto de costos de transacción cero. En
la práctica es común encontrar restricciones
institucionales para establecer un sistema
eciente de derechos de propiedad lo cual, a
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su vez, trae como resultado la tendencia a la
degradación de los recursos.
Otra posibilidad es que se pretenda
aplicar una política de control de la
contaminación. Pero ante la existencia, por
ejemplo, de muchas fuentes contaminantes
no identicadas claramente podría implicar
en el fracaso de la política. Lo anterior
pues los individuos tendrán la tendencia a
evadir su propia responsabilidad cuando
los reguladores no puedan monitorear
sus acciones contaminantes. Es decir, el
individuo tiene un incentivo económico
para disminuir su esfuerzo de control de
la contaminación por debajo de lo que
exige la entidad reguladora. Este es uno
de los problemas derivados de una falla
de mercado conocida como información
asimétrica y, más concretamente, se reere
a lo que se denomina como riesgo moral.
En esas condiciones los individuos tienen
la tendencia a tomar decisiones sobre el
consumo o utilización de los recursos
garantizando el máximo benecio individual,
pero socializando los costos ambientales.
En los Estados Unidos, el Decreto del
Agua Limpia es un instrumento legal que por
más de 35 años ha servido de marco jurídico
para la regulación de la contaminación de los
cuerpos de agua por parte de la Agencia de
Protección Ambiental (EPA por sus siglas en
inglés). Sin embargo, según los reguladores,
la Corte Suprema ha dejado incertidumbre
acerca de cuáles canales están protegidos por
la ley. El resultado es que algunas empresas
han declarado que la ley no aplica para ellos
y, por tanto, los niveles de contaminación
están creciendo. Las sentencias que causaron
estos problemas se centraron en el texto del
Decreto del Agua Limpia que lo limitó a la
descarga de agentes contaminadores en las
aguas navegables de los Estados Unidos.
Por décadas, las “aguas navegables”
fueron interpretadas ampliamente por los
reguladores incluyendo muchos humedales
y corrientes grandes que conectan con
los ríos importantes. Sin embargo, las
decisiones sugirieron que los canales que
están totalmente dentro de un estado, los
riachuelos y los lagos no relacionados con
circuitos de agua más grandes puedan no ser
“aguas navegables” y, por tanto, no están
cubiertos por el mencionado decreto, aunque
la contaminación de tales canales pueda
discurrir a fuentes de agua potable (Duhigg
y Roberts, 2010). Es decir, el Decreto
excluye del marco regulatorio a algunos de
los cuerpos de agua lo cual no sucede, por
ejemplo, con la Ley de Aguas en Venezuela
la cual, como veremos, aplica a las aguas en
todas sus formas.
En el caso del Decreto del Agua Limpia
se está haciendo referencia al problema
de asimetría de información. Existe el
problema del riesgo moral cuando, por un
vacío legal y una reinterpretación de la ley,
los contaminadores observan que la agencia
reguladora no puede actuar y, por tanto,
deciden contaminar los cuerpos de agua.
En estos casos, los agentes generadores
de la externalidad son las empresas que
contaminan los ríos, riachuelos, lagos, etc.
Estas empresas toman la decisión de evadir
a los reguladores basados en una nueva
interpretación de la ley que les permite
aludir que esta no aplica a sus realidades
especícas. Este tipo de problemas más
comúnmente están asociados a la incapacidad
de las agencias o instituciones reguladoras
para monitorear los contaminadores y hacer
cumplir las leyes. Sin embargo, en este caso la
EPA logró aplicar el Decreto durante cerca de
35 años, pero por unas sentencias de la Corte
Suprema su capacidad de regular se ha visto
mermada. Gracias a ello los contaminadores
toman la decisión de verter sus desechos
en fuentes de agua que se consideraban
amparadas por el Decreto. Esta decisión es lo
que conocemos como riesgo moral pues los
agentes contaminadores tienen un incentivo
para evadir los controles ambientales porque
con esto pueden evitar pagar los costos de
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reducción de la contaminación y recibir una
parte de los benecios de esta.
La EPA dijo, en una declaración, que
no aceptó automáticamente que cualquier
cuerpo signicativo de agua estaba fuera de
la autoridad del Decreto del Agua Limpia.
Según indicó la agencia, las determinaciones
jurisdiccionales se deben hacer caso por
caso. Los funcionarios agregaron que
creyeron que incluso muchas corrientes
que se secaron por largos periodos estaban
dentro de la jurisdicción del decreto. Sin
embargo, según funcionarios de la EPA,
algunos estudios indican que alrededor de 45
% de los mayores contaminadores podrían
estar ya sea fuera del alcance regulador o
en áreas donde probar la jurisdicción es
supremamente difícil (Duhigg y Roberts,
2010).
En los casos especícos en que existe
incertidumbre acerca de la aplicabilidad o no
de la ley es muy probable que resolver ese
asunto implique grandes esfuerzos legales
y costos económicos para el regulador. De
hecho, cuando la propia EPA señala que la
determinación jurisdiccional debe hacerse
“caso por caso” está enviando una señal
favorable para los contaminadores en el
sentido de que existe un vacío legal y que
la solución puede ser costosa y tardía.
Evidentemente, los contaminadores están
haciendo “lobbies” en la Corte Suprema
para que ese nivel de incertidumbre no solo
exista, sino que sea creciente lo que les
permitirá evadir la ley. Eso signica que se
está buscando que los costos administrativos
de corregir la externalidad se consideren
mayores que los benecios que pudiese traer
controlar la contaminación en las aguas. La
estrategia parece estar dando resultados pues,
basándose en informaciones de la EPA, más
de 1500 investigaciones importantes sobre
contaminación han sido dejadas de lado en
los últimos cuatro años (Duhigg y Roberts,
2010).
Lo anterior parece ser un ejemplo de cómo
el análisis costo-benecio de la aplicación
de una norma no parece estar dando buenos
resultados. Es decir, cuando se acepta que un
número importante de investigaciones sobre
contaminación han sido descontinuadas
pareciera que priva un solo aspecto del
análisis, es decir, el aspecto económico.
Lo anterior es evidente si consideramos
que, según señala la EPA, alrededor de 117
millones de norteamericanos obtienen su
agua potable de fuentes alimentadas por
aguas que son vulnerables a la exclusión por
el Decreto del Agua Limpia.
En el caso venezolano, la Ley de Aguas
publicada en la Gaceta Ocial No. 38.595
del 02 de enero de 2007, en el Artículo 3
se establece el conjunto de actividades que
comprende la gestión integral de las aguas.
Explícitamente considera las aguas en todas
sus formas y los ecosistemas naturales
asociados, así como las cuencas hidrográcas
que las contienen. En el Artículo 6 se
señala como bienes del dominio público
de la Nación todas las aguas del territorio
nacional, sean continentales, marinas e
insulares, superciales y subterráneas.
El Artículo 12 indica que el control
y manejo de los cuerpos de agua se
realizará, entre otros aspectos, mediante el
establecimiento de rangos y límites máximos
de elementos contaminantes generados
por fuentes puntuales, el establecimiento
de condiciones y medidas para controlar
el uso de agroquímicos y otras fuentes de
contaminación no puntuales. El Artículo
23 señala que la Autoridad Nacional de
las Aguas será ejercida por el ministerio
con competencia en la materia. Además,
en el Artículo 110 indica que la Autoridad
Nacional de las Aguas podrá ordenar las
medidas necesarias para prevenir, mitigar
o corregir el daño o peligro, así como las
consecuencias perjudiciales que pudieran
derivarse de los hechos sancionables de
conformidad con esta Ley. Por su parte el
Artículo 113 establece que las sanciones
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de multa previstas en la Ley se aumentarán
al doble en los casos de contaminación
de acuíferos o de fuentes superciales y
contaminación por vertido de sustancias,
materiales o desechos peligrosos, entre
otros.
La lógica de los comunes, percepción y
teoría de la elección racional
Según Burke (2001), cuando otros autores
invocan la lógica de los comunes para
explicar la degradación de los recursos,
raramente son explícitos acerca del conjunto
completo de condiciones estructurales y
supuestos que son base de esta lógica. El autor
sugiere que las dos condiciones estructurales
son, primero, que la base del recurso debe
ser limitada o frágil como para soportar la
tasa dada de extracción y, segundo, los usos
del recurso deben ser interdependientes de
manera que la utilización de uno degrade el
recurso disponible para otros.
Cuando se cumplen ambas condiciones,
los teóricos hardinianos y post-hardinianos
suponen una lógica o dilema de los comunes
que resultará en la “tragedia de los comunes”
si no es controlado por un régimen de
manejo o un conjunto de normas culturales.
Sin embargo, el autor supone que esa lógica
no es inherente a todas las situaciones de
recursos comunes. De hecho, es contingente
sobre un sistema más grande de valores,
percepciones y creencias simplemente
asumidas cuando se invoca la lógica de los
comunes para explicar la degradación de
recursos. Los supuestos implícitos en la
lógica/dilema de los comunes son: (1) El
egoísmo. (2) Los usuarios deben maximizar
su consumo. Y, (3) Los usuarios tienen
algunos conocimientos de los benecios y
costos del uso de los recursos.
Los supuestos (1) y (2) son analizados
por Azqueta (1994) cuando señala que
existe una especie de dilema, porque si se
acepta como cierto el egoísmo o como lo
llama “el supuesto de independencia de las
preferencias individuales (mi bienestar no
depende ni para bien ni para mal de lo que te
ocurra)” Azqueta (1994), no se deja espacio
para una conducta altruista (ni envidiosa).
No obstante, plantea que es posible que
las personas sean altruistas y haya una
equivocación al suponer esa independencia,
pero es probable que las circunstancias no
permitan expresar ese altruismo. Cuando
se trata de bienes públicos puede surgir lo
que se denomina como la “paradoja del
aislamiento” pues, aunque las personas
tengan funciones de utilidad altruistas,
puede que reejen unas estrictamente
individualistas. Por ejemplo, según el autor,
es posible que la sociedad esté consiente
de los problemas de usar gasolina con
plomo y todos desean que se use gasolina
sin plomo. Sin embargo, simplemente el
sistema de mercado no puede garantizar
que, si una persona realiza el cambio a
vehículo con gasolina sin plomo, los demás
harán lo mismo. La paradoja surge porque
es probable que se tome la decisión de no
sustituir el vehículo si se piensa que los
demás tampoco lo harán.
Con relación al supuesto (3) podemos
establecerlo como el eje central del enfoque
del trabajo de Burke (2001). El autor plantea
que la lógica de los comunes supone la
existencia de conocimiento acerca de los
benecios y costos ambientales del uso de los
recursos. Por tanto, sin esos conocimientos
de la degradación de los recursos los
usuarios no serán capaces de comparar
consiente o inconscientemente los benecios
individuales del uso de los recursos con
su parte en los costos colectivos. Por
supuesto el uso de los recursos puede seguir
resultando en degradación y tradiciones,
normas y otros factores podrían explicar
esa degradación. Sin embargo, la estructura
de costo-benecio de los recursos comunes
no se podría establecer como una causa. A
continuación, se presenta un ejemplo de ello.
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Sanchez, J. / Natura@economía 3(1):14-28(2018)
Enero - Junio 2018
Fatalismo en las culturas aborígenes y uso
de recursos comunes
Burke (2001) argumenta que la lógica
de los comunes está bajo la premisa de
que los usuarios están signicativamente
alertados de la degradación del recurso.
El autor describe situaciones en las que
ese supuesto no se sostiene y, entonces, la
“lógica de los comunes” no puede explicar la
degradación de los recursos. El “fatalismo”
es considerado como una causa. El término
se reere a las creencias de que los procesos
naturales (como incendios y la dinámica
poblacional de las especies) se deben a
fuerzas espirituales que no dejan lugar para
la inuencia humana.
El foco de la atención está en las culturas
aborígenes. Muchas culturas aborígenes
tuvieron un respeto a la naturaleza diferente
de los valores ambientales occidentales.
Como sugiere Brightman (1987) citado por
Burke (2001), a comienzos de los 1800’s
los algonquinos (aborígenes del sureste
de Canadá) fueron introducidos por los
europeos a las armas de fuego, trampas de
acero y aceite de castor. Sin embargo, los
algonquinos creían que los animales cazados
espontáneamente se regenerarían después de
la muerte, entonces, matando animales se
incrementaría su número. Esta creencia no
les permitió reconocer que su cacería estaba
diezmando los recursos fáunicos comunes.
Nuevamente el autor se está reriendo a
la existencia de una falla de mercado pues los
algonquinos no tenían información sobre los
costos ambientales de la sobreexplotación
de los recursos fáunicos y, por tanto, no se
cumplía el supuesto 3) de la lógica o dilema
de los comunes. En esos casos, dado que
no existe un sistema de precios que los
consumidores conozcan, los individuos no
tienen la posibilidad de asignar a los recursos
un valor según su grado de escasez. Es decir,
si se trata de un recurso de libre acceso,
como se indicó anteriormente, se caracteriza
por ser no excluyente. Cada individuo
buscará maximizar su propio uso del recurso
y, en ausencia de información sobre el grado
de escasez del mismo, el resultado es que el
uso se efectúa independientemente de ello.
El mercado falla pues no da señales del
verdadero valor de escasez del recurso. En
ese sentido, la reducción de esos recursos
al ser interpretada como consecuencia
de la lógica o dilema de los comunes es
errónea y, como resultado, es probable la
recomendación indebida de opciones de
política de conservación. Como lo indican
Daly y Farley (2004), el análisis descuidado
y una pérdida de rigurosidad por parte de
muchos economistas han llevado a la creencia
generalizada de que la solución a todos, o
casi todos, nuestros problemas ambientales
es el establecimiento de derechos de
propiedad a los recursos naturales. Por otro
lado, y adicionalmente a lo anterior, se corre
el riesgo de endosar errores de diagnóstico
a una teoría comprometiendo su validez
predictiva.
Sociedad industrial y el cambio de los
comunes
Según Burke (2001), biofísicamente nos
enfrentamos a problemas ambientales tales
como la lluvia ácida, el efecto invernadero
y la pérdida de ozono los cuales afectan a
recursos comunes regionales y globales.
Esos problemas ambientales se consideran
modernos en el sentido que han sido
producidos por la tecnología moderna, la
industrialización y la urbanización. Los
individuos y las sociedades modernas
no están capacitados para percibir los
impactos de dichos problemas sobre los
ecosistemas y, por tanto, encontrar sus
causas y soluciones. Lo contrario ocurre con
los problemas ambientales históricos. Estos
últimos surgieron previos a los procesos
de urbanización y de revolución industrial
e incluyen la acumulación de desechos
animales, de humo y partículas en el aire
como consecuencia del uso de combustibles
Fallas de mercado en el análisis de la percepción y la lógica de los Comunes
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Enero - Junio 2018
fósiles para calefacción y cocina, etc.
Evidentemente, las capacidades para percibir
y corregir ese tipo de problemas son mayores
a nivel individual y a nivel de las sociedades
tanto antiguas como modernas. Como lo
indica el autor, sociológicamente la división
moderna del trabajo ha cambiado la relación
entre los recursos comunes y los usuarios
de los recursos y, subsecuentemente, ha
distanciado a la gente de la base ecológica
de su existencia oscureciendo los costos del
uso de los recursos.
En esta sección el autor se está reriendo
a una falla de mercado pues los recursos
naturales afectados no están siendo
asignados de manera eciente. En el caso
de los problemas ambientales catalogados
como “modernos”, se puede plantear la
existencia de información asimétrica.
De hecho, cuando la población se aleja
de la “base ecológica de su existencia”
pierde información acerca de los costos
ambientales relacionados a la explotación
de los recursos. A su vez, cuando no existe
un sistema de información suciente en los
términos planteados, es muy probable que
la demanda de los bienes y servicios no se
vea afectada por los impactos negativos
de la sobreexplotación de los recursos.
Es decir, los consumidores y usuarios no
poseen información completa sobre las
características e impactos ambientales de los
procesos productivos de lo que consumen.
El resultado es que las preferencias de
los consumidores se forman sin tomar en
cuenta esa información. En la situación
contraria está el caso de eco productos los
cuales son producidos con prácticas menos
dañinas al medio ambiente. El problema es
que su precio tiende a ser mayor gracias
a su mayor calidad. Surge, entonces, la
selección adversa pues seguramente los
individuos van a preferir el consumo de los
bienes y servicios según el precio relativo
de los mismos. Como lo indica Mendieta
(2001), los eco productos, generalmente,
son bienes producidos mediante procesos
de producción muy singulares alejados
de economías de escala y de procesos de
producción convencionales. En caso de que
los consumidores no estén capacitados para
diferenciar un eco producto de un producto
producido convencionalmente, no tomarán
en cuenta el hecho de que el eco producto
tiene un mayor precio debido a la manera
singular en que es producido. El resultado
obvio es que se pierde el incentivo para
producir el eco producto ya que la demanda
se dirigirá hacia los productos producidos
convencionalmente por los cuales se paga
un precio menor.
Calentamiento global y agotamiento del
ozono
Estos problemas ambientales son un caso de
estudio de problemas de recursos comunes
modernos. Sin embargo, al menos en
las primeras etapas de dichos problemas
como un fenómeno biofísico, la lógica de
los comunes no puede ser aplicada. Los
consumidores de productos nales y la
mayoría, o toda la sociedad, no habían
escuchado del calentamiento global y
el agotamiento del ozono. Por tanto, no
pudieron haber estado en conocimiento
de los problemas ambientales de ambos
fenómenos. Aunque desde los años 70 y 80
el público se ha enterado más ampliamente
del calentamiento global y el agotamiento
del ozono, el autor sugiere que la mayor
parte de los consumidores están pobremente
informados como para aplicar totalmente la
teoría de los comunes de Hardin.
Hay mucha gente que reinterpreta o
desconoce la información y, gracias a esto,
muchas veces se desvirtúa lo que es una
información original. Esta situación lleva
a un mal entendimiento de una realidad y
muchas veces no se tiene la capacidad de
manejarlo y sistematizarlo. El resultado es
que terminan relacionando el agujero de
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Enero - Junio 2018
la capa de ozono con el calentamiento, los
cuales son dos fenómenos que no tienen una
relación directa (Burke, 2001).
Trayendo las percepciones a las teorías de
los comunes
El autor sugiere tres formas adicionales para
ampliar la denición clásica de racionalidad,
así como su relación con las percepciones
de la degradación de los recursos comunes.
Son: la aproximación constructivista
mediática a la constitución social de la
realidad, la etnometodología y el uso de las
teorías existentes de la percepción.
La aproximación constructivista
mediática toma la posición de que
mientras hay una realidad objetiva,
nuestras percepciones de esa realidad
están mediatizadas por procesos sociales
(Woolgar, 1983 citado por Burke, 2001).
Mientras que nuestras percepciones son
construcciones sociales, la realidad tiene
un rol en dar forma a esas percepciones.
Aunque la realidad biofísica, en parte,
forma nuestras percepciones y creencias,
los aspectos de esa realidad que con mayor
fuerza forman nuestras percepciones
pueden, con frecuencia, estar altamente
desvinculados con el fenómeno en cuestión.
Ejemplo es el caso citado por el autor acerca
de la interpretación sobre el calentamiento
global y el agotamiento del ozono.
A diferencia de los animales, el
aprendizaje en el hombre presenta una
importancia muy diversa asumiendo una
dimensión cultural que surge de las relaciones
de la primera fase del crecimiento. Según
Bourassa (1990) citado por Tempesta y
Thiene (2006) podemos distinguir tres áreas
del cerebro que hacen referencia a otros
tantos tipos de respuestas a la percepción
externa.
Tabla 1. Áreas del cerebro y su percepción a otros tipos de respuestas
Área del cerebro Tipo de comportamiento
Tipo de
percepción
Cerebro reptil Estereotipos debido a la memoria ancestral Instintiva
Cerebro paleo mamífero
Legados al componente más estrechamente
emotivo de la percepción
Afectiva
Cerebro mamífero
Más típicos del hombre, relativos a la capacidad
de considerar una relación simbólica y cultural
con el ambiente
Intelectual
Cuadro 1
Fuente: Tomado de Tempesta y Thiene, 2006.
Desde un punto de vista evolutivo,
algunas respuestas al ambiente circundante
son innatas y condicionadas de la selección
natural proveniente del marco de cientos de
miles de años. En este caso, es esencialmente
el “hombre cazador” el que tiende a
elaborar la información que proviene del
paisaje con el n de adoptar la estrategia
de comportamiento más adecuada a obtener
la presa, así como también a encontrar
refugio en caso de peligro. Adicional a la
respuesta innata, existen otras respuestas
que derivan de la educación y del proceso
de socialización y culturización que son
típicos de las sociedades humanas y que
inuencian el comportamiento humano
de una manera igual de relevante que el
patrimonio genético. O como lo señala el
autor, nuestras percepciones de esa realidad
Fallas de mercado en el análisis de la percepción y la lógica de los Comunes
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Enero - Junio 2018
están mediatizadas por procesos sociales
(Woolgar, 1983 citado por Burke, 2001). Por
ejemplo, es oportuno subdividir las respuestas
a la Tabla paisajístico no directamente
conectadas al patrimonio genético en dos
componentes: un componente afectivo y
otro intelectual. El componente afectivo
depende de las primeras fases del desarrollo
del individuo y está, por tanto, condicionada
al lugar donde transcurrió la infancia y
a la educación recibida en los primeros
años de vida. Mientras la respuesta a los
paisajes naturales parece estar condicionada
prevalentemente por el patrimonio genético,
aquellas al paisaje urbano están mayormente
inuenciadas por el patrimonio cultural
del individuo (Bourassa, 1990 citado por
Tempesta y Thiene, 2006).
Los procesos educativos se prolongan
más allá de las primeras fases del
crecimiento de un individuo y llevan a
formar el patrimonio cultural de cualquier
persona. Esto, junto con el conocimiento,
puede acumularse prácticamente durante
toda la vida y condicionar las relaciones que
se establecerán con el territorio, el ambiente
y, por tanto, con la misma percepción del
paisaje. Por ejemplo, una vasta extensión de
terrenos arados con diagramas regulares y
privados de elementos arbóreos, resultarán
menos desagradables para un agricultor
que para un residente de las áreas urbanas
porque el agricultor, de cualquier modo,
selecciona la importancia productiva que
tiene un paisaje similar. Serán objeto de ese
nivel perceptivo los paisajes que contengan
elementos de carácter histórico, natural,
geomorfológico de relevancia notable y
reconocibles por alguna categoría de sujetos
(Tempesta y Thiene, 2006).
La etnometodología es una corriente
sociológica surgida en los años 70 que permite
suponer a los investigadores que los usuarios
son capaces de entender signicativamente
las implicaciones de su propio uso de los
recursos. Sin embargo, Burke (2001) señala
que, en lugar de ello, las estructuras sociales
y los procesos frecuentemente operan sin el
conocimiento de los usuarios locales de los
recursos. Ejemplo de ello es el “fatalismo”
en las culturas aborígenes.
En tercer lugar, las teorías de la
percepción siendo la percepción del riesgo
parte de esa literatura. La incertidumbre es
una característica de la percepción que se ha
mostrado afecta la toma de decisiones y el
comportamiento. Esto es importante porque
con frecuencia existe incertidumbre de sí el
uso particular de un recurso común resultará
en una “tragedia de los comunes”. Ostrom
(1990) citado por Burke (2001) señala que,
bajo condiciones de incertidumbre, las
personas no toman decisiones racionales sino
invocan la heurística mental como supuesto
simplicador. Por ejemplo, las personas
tienden a percibir que es más probable que
un suceso ocurra cuando sus consecuencias
son dramáticas o muy familiares.
4. Conclusiones
El planteamiento de Garrett Hardin
denominado la “Tragedia de los Comunes”
establece las circunstancias y condiciones
bajo las cuales la intervención del estado
a través de agencias reguladoras podría
garantizar o, al menos, conllevar al uso
sostenible de los recursos de libre acceso. La
literatura nos permite concluir que la tesis de
Hardin implica el surgimiento o la existencia
de una serie de regímenes de propiedad
entre los que se encuentran los recursos
de propiedad común, de propiedad estatal
y de uso común. Todas esas categorías de
recursos, incluyendo a los recursos de libre
acceso, se pueden catalogar simplemente
como “recursos comunes”. Lo recursos
comunes comparten la característica de
que su explotación dirige los benecios al
usuario pero distribuye los costos en toda la
sociedad.
Cuando se considera necesaria la intervención
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del estado para procurar el uso sostenible de
un recurso común a través de decisiones de
política, se debe contar con un diagnóstico
acertado sobre cuáles son las condiciones
y circunstancias bajo las cuales el recurso
pudiese ser degradado e, incluso, llevado a
su extinción. Para ello es indispensable la
participación de investigadores y expertos
que funjan como asesores para los hacedores
de política. En caso contrario, se corre el
riesgo de que un diagnóstico equivocado
resulte en decisiones desacertadas sobre
el manejo del recurso. De manera similar,
cuando no se hace necesaria la intervención
del estado, los acuerdos voluntarios entre
usuarios y afectados por el uso y degradación
de un recurso común deben estar asesorados
por expertos en la materia. Tanto las
decisiones de política como los acuerdos
voluntarios son sucientemente complejos y,
en consecuencia, deben contar con estudios
inter, intra y trans disciplinarios. Es decir, la
etapa de diagnóstico implica la participación
y el consenso entre expertos de diversas
disciplinas si se desea que las decisiones que
se han de tomar sean acertadas.
La economía ambiental provee una serie
de conceptos indispensables para la
comprensión de los principales problemas
derivados del uso ineciente de los recursos
comunes. La mayoría de esos problemas
se traducen en la degradación del recurso.
Dentro de esos conceptos se encuentra el de
falla de mercado. Entender qué es y cómo
se soluciona una falla de mercado permite
al investigador armonizar su análisis con el
de otras disciplinas. En el presente trabajo
se hace evidente cómo estudios derivados
de otras áreas pueden ser reinterpretados
con los planteamientos de la teoría
económica. Lo anterior es importante en
cuanto a la necesidad de la conuencia de
estudios a las que hemos hecho mención.
Adicionalmente, entender el concepto evita
que el investigador pueda cometer errores de
diagnóstico sobre la conciencia que tiene el
usuario en relación a la degradación de un
recurso común. De manera similar, evita
generalizar las condiciones y supuestos bajo
los cuales el recurso pudiera ser degradado
por su lógica o dilema. La necesidad de
tomar decisiones acertadas en cuanto al
manejo de los recursos depende de que se
tenga, desde el diagnóstico, una idea clara
de qué percepción tienen los usuarios
sobre su explotación. Igualmente, sobre los
impactos que sus decisiones tienen sobre
el cuerpo del recurso natural. Dependiendo
de ello se podrán tomar las decisiones de
política o establecer las reglas de acuerdos
voluntarios que eviten la degradación del
mismo. En caso contrario, se puede insistir
equivocadamente en la idea de que es
necesario adjudicar derechos de propiedad
a todo recurso que tienda a ser degradado
e incluso extinguido. Lo anterior no solo
puede representar un error de diagnóstico,
sino que puede ser contraproducente para
los objetivos de conservación de un recurso
natural. Adicionalmente, se corre el riesgo
de endosar dichos errores de diagnóstico a
fallas inexistentes en la validez predictiva
de una determinada teoría. En ese
sentido, la teoría económica proporciona
las herramientas de análisis necesarias
para evitar planteamientos de política o
acuerdos inapropiados que comprometan
su validez predictiva. La teoría económica
se puede complementar con el análisis de
otras perspectivas teóricas sugeridas por la
literatura tales como la etnometodología, el
constructivismo mediático y los estudios de
percepción del riesgo.
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