Fundamentos de una nueva política forestal para el Perú
DOI:
https://doi.org/10.21704/rfp.v36i2.1796Resumen
Se presentan los fundamentos de una nueva política para los bosques del Perú como respuesta a su situación, marcada por la deforestación y la degradación, su insignificante aporte al PBI y su incapacidad de abastecer la demanda nacional, a pesar de que los bosques cubren la mayor parte del territorio nacional. Varias políticas, estrategias y planes, así como cinco leyes no resolvieron la situación. Por eso, se propone una reforma radical del sector, incluyendo un enfoque integral y transectorial, como única forma de abordar la deforestación, indicando responsabilidades específi[1]cas de los sectores agrario y de transporte; una nueva definición de patrimonio forestal nacional excluyendo del mismo las llamadas tierras de aptitud forestal y, por ende, descartando el anacrónico concepto de clasificación de tierras por capacidad de uso mayor. Las tierras con bosques naturales no podrán sufrir cambio de uso. En cambio, se propone que el sector agrario titule los campesinos asentados en las tierras de aptitud forestal ya deforestadas y que se acelere el proceso en curso de reconocimiento y titulación de comunidades nativas y campesinas. Además, se propone que ese sector lidere un proceso de intensificación del uso de la tierra ya deforestada mediante el aumento de la productividad agropecuaria. Se determina que la función primordial del patrimonio forestal nacional es la provisión de servicios ambientales y no, como hasta el presente, la producción de madera. Por tanto, se devuelve al Estado la responsabilidad del manejo forestal, ahora encargada a los que aprovechan el recurso forestal. Para asegurar el abastecimiento de madera se estimularán las plantaciones forestales y se propone una serie de medidas políticas y económicas para que éstas, además de suplir la demanda de madera, se conviertan en el motor de la economía y asimismo, contribuyan a aliviar los graves problemas de degradación ambiental. Entre otras medidas se pro[1]ponen cambios en el tratamiento de la fauna silvestre. Se fortifica el apoyo técnico y financiero a los pobladores rurales y a las comunidades nativas y campesinas, para darles mejores oportunidades de aprovechar sosteniblemente los recursos forestales, en parte gracias a la renta generada por los servicios ecosistémicos que proveen. Eso presupone mudanzas importantes en la administración del patrimonio nacional forestal proponiéndose la creación de un Ministerio de los Recursos Natu[1]rales Renovables pero el mantenimiento de la silvicultura en el sector agrario, la promulgación de una nueva ley forestal y de leyes especiales para atender la silvicultura, la fauna silvestre, la titulación de tierras, entre otras. Se trata asimismo de temas de educación, investigación y, finalmente, el de la corrupción en el sector forestal.
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